La Hacienda Foral de Bizkaia ha aprobado su nuevo Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal para 2025, articulado en torno a cuatro ejes principales: información y asistencia al contribuyente, despliegue definitivo del sistema BATUZ, análisis de datos tributarios relevantes, y adaptación a los desafíos de la economía digital. Todo ello con el objetivo de reforzar la prevención, detección y corrección del fraude en el territorio.
Se mejorarán los canales de atención tanto presenciales como digitales, incorporando nuevas funcionalidades en la sede electrónica y facilitando el acceso a la información y trámites tributarios, en especial para profesionales del asesoramiento fiscal. Además, se prevén campañas para impulsar el cumplimiento voluntario y promover una cultura fiscal responsable.
La implantación definitiva del sistema BATUZ se completará entre julio de 2025 y enero de 2026. Para ello, se reforzará la comunicación con los contribuyentes mediante cartas informativas, contenidos divulgativos y una nueva herramienta web de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades.
Se intensificarán las labores de obtención, depuración y análisis de datos con trascendencia fiscal. Se utilizarán tanto herramientas de big data como comparativas por sectores para detectar posibles riesgos fiscales y corregir errores en las bases de datos.
Se reforzará el control sobre operaciones realizadas mediante comercio electrónico, pagos digitales y criptomonedas. El objetivo es identificar correctamente la actividad económica y ubicación de los contribuyentes, especialmente en sectores que operan a través de plataformas digitales o desde el extranjero.
El plan da un paso más en la prevención, desarrollando actuaciones educativas (como el módulo de educación tributaria en colegios e institutos), sistemas de alerta en la sede electrónica, y nuevas plataformas tecnológicas para facilitar la presentación automatizada de declaraciones.
Se intensificarán los controles en sectores donde existe mayor economía sumergida, como aquellos con uso intensivo de efectivo o alta actividad inmobiliaria. También se vigilará el cumplimiento de límites legales en pagos en efectivo y se pondrá especial atención en operaciones con criptomonedas o información extraída de fuentes abiertas en internet.
Por último, se reforzarán las actuaciones de cobro a través de embargos, subastas y control de patrimonio oculto, así como el seguimiento a grandes deudores. Se aplicarán medidas para garantizar la responsabilidad solidaria o subsidiaria cuando corresponda, con el objetivo de garantizar la recuperación de los importes defraudados.